Diálogo entre Indígenas, Criollos y Estado resuelve conflicto por la tierra

Abstract

El Estado argentino ha dado pasos importantes hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, como la Reforma Constitucional de 1994, la aprobación de la Ley 26160 que inició el proceso de regularización de tierras y prohibió los desalojos en 2006, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el voto a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. La provincia de Salta, donde se concentra gran parte de la población indígena del norte del país, reconoció los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de 1986 y su reforma en el año 1998. Pero a pesar del reconocimiento a la propiedad territorial, hacer uso de ella con frecuencia supone prolongados procesos administrativos y judiciales. Históricamente, las comunidades indígenas del norte de la provincia de Salta mantienen su economía tradicional cazadora-recolectora-pescadora basada en el uso diversificado de los recursos naturales. Con la llegada de colonos (llamados criollos) por iniciativa del gobierno nacional a partir de 1902, comenzaron a generarse conflictos por el acceso a la tierra, el agua y los bosques. La mayoría de la población criolla vive de la ganadería y la cría de los animales se maneja a campo abierto (sistema extensivo) en los terrenos libres. Al tratarse de un área de acceso abierto, sin límites, se generó un proceso de degradación ambiental producto del sobrepastoreo del ganado vacuno y cambios en las prácticas de manejo de los pueblos indígenas. La Organización de Familias Criollas del Chaco Salteño (OFC) se conformó para ejercer la representación de 21 grupos vecinales con un total de 482 familias. La Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat representa a las comunidades indígenas mataco (Wichi), chorote (Iyjwaja), toba (Qom), chulupí (Nivacklé) y tapiete (Tapy ́y) del Chaco-Salteño. La asociación Lhaka Honhat solicitó al Estado formalizar su derecho de propiedad comunitaria en 1991, bajo una forma legal que les permita continuar desarrollando sus prácticas tradicionales: la entrega de un título único a nombre de todos sobre una superficie de tierra unificada y libre de ganado vacuno. El gobierno se comprometió a efectivizar la entrega de las tierras bajo un título de propiedad único a nombre de todas las comunidades. Entre 1993 y 1995 funcionó una Comisión Asesora Honoraria integrada por el gobierno provincial, Lhaka Honhat y sus asesores, la Universidad Nacional, la Universidad Católica de Salta y las familias criollas afectadas, pero la entrega de las tierras nunca se concretó. La falta de solución hizo que Lhaka Honhat inicie el camino legal para lograr el reconocimiento de sus derechos. Ante la ausencia de respuestas en la justicia argentina, presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1998.